Tribunal Supremo de Justicia fija el inicio del juicio contra expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por contratos petroleros sin aval legislativo
La máxima instancia judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha anunciado que el próximo 8 de agosto dará inicio al juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como «Goni». El motivo del juicio es la firma de contratos petroleros sin aval del Legislativo, según informó el magistrado Olvis Egüez.
En una audiencia previa, el magistrado Egüez explicó que se ha fijado el 8 de agosto para el desarrollo del juicio oral, y se encuentra a la espera de que se completen todas las diligencias a través de las comisiones correspondientes, para que todas las partes involucradas estén debidamente notificadas y tengan conocimiento de los procedimientos judiciales.
El caso en cuestión, denominado «Petrocontratos», fue activado en el año 2005 y también involucra al expresidente Jorge Tuto Quiroga, al exministro Carlos Alberto Contreras del Solar y otros implicados. Quiroga, quien enfrentaba cargos por delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica debido a la presunta firma de contratos petroleros sin autorización del Congreso, se benefició de un decreto de amnistía promulgado por Evo Morales en octubre de 2020, lo que resultó en su exclusión del caso.
En cambio, Gonzalo Sánchez de Lozada, Contreras del Solar y otros implicados continúan enfrentando acusaciones por supuesta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Dichas sindicaciones están relacionadas con la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para la verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, documentos que fueron suscritos sin la autorización del Legislativo.
Según las acusaciones presentadas ante el Ministerio Público, de los 106 contratos en cuestión, 52 fueron firmados durante el primer mandato de Sánchez de Lozada (1993-1997), 49 durante el mandato de Hugo Banzer (1997-2001), cuatro durante el de Jorge Quiroga (2001-2002) y uno durante el de Carlos Mesa.
Las acusaciones sostienen que estos contratos favorecieron los intereses de las petroleras en detrimento del interés del Estado boliviano.
Gonzalo Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde octubre de 2003, fecha en la que dejó Bolivia y renunció a la Presidencia debido a una crisis política y social agravada por una represión que resultó en la muerte de más de 67 personas y más de 400 heridos por impactos de bala. Las protestas de aquel momento se centraban en rechazar la exportación de gas por puertos chilenos y exigir la nacionalización de los hidrocarburos, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
El Tribunal Supremo de Justicia reafirma su compromiso con la justicia y la transparencia en este proceso judicial de alta relevancia para la nación boliviana.
